Es inaceptable que, a las puertas de la entrega de uno de los corredores viales más estratégicos para el departamento y el país, como lo es la Autopista Medellín-Bogotá y la red vial del Oriente antioqueño, el actual Gobierno nacional pretenda asumir ahora esta responsabilidad que ha sido administrada en las últimas dos décadas por la concesión. Recibir esta infraestructura a través del Invías sin los estudios técnicos rigurosos, sin un presupuesto claro y dejando en el aire obras fundamentales por la falta de voluntad de la ANI para firmar el otrosí, es un acto de improvisación estatal.

Esta falta de planeación es un golpe a la competitividad de nuestro tejido empresarial. El Oriente antioqueño es un polo de desarrollo industrial, comercial y turístico, y su conectividad con el centro del país exige certezas. Dejar estas vías a la deriva amenaza la logística y encarece los costos operativos de nuestras empresas. Además, pone en riesgo la seguridad vial y la calidad de vida de todos los ciudadanos que transitan a diario por la región.

Es por eso que desde el gremio de los comerciantes esperamos que el nuevo Gobierno nacional, que toma posesión el 7 de agosto, analice la situación y decida lo mejor para el futuro de nuestra infraestructura. Para que así Antioquia y sus empresarios no sigan asumiendo costos que no les corresponden. Necesitamos garantías inmediatas, recursos asignados y un plan de acción transparente para asegurar que el mantenimiento, la operación y el progreso de las vías del Oriente no se detengan ni un solo día.